Ajuste por inflación 270 % de aumento para gastos de funcionamiento: hubo acuerdo entre universidades y el gobierno

El gobierno nacional confirmó este lunes un ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento de las universidades del interior del país. Es la misma cifra que había sido otorgada a la Universidad de Buenos Aires y que en su momento generó una fuerte reacción del resto de las autoridades universitarias que calificó de «discriminación» la medida, ya que desconocía la delicada situación en que se encontraba todo el sistema.

El acuerdo alcanzado ahora, sobre el que aún quedan temas pendientes de análisis y resolución, llega después de numerosos reclamos por parte de las autoridades de las casas de estudio, que venían advirtiendo desde enero sobre la imposibilidad de seguir funcionando con un presupuesto que se había quedado congelado a valores de 2023 frente a una inflación que escaló varios puntos en el arranque de la actual gestión nacional.

El reclamo se hizo bien visible con la multitudinaria marcha que se realizó a lo largo y ancho del país el 23 de abril, en defensa de la educación pública y de las universidades.

A partir de entonces, cuando el gobierno nacional pareció comprender la magnitud del planteo, se abrieron canales de diálogo que derivaron, primero, en un reconocimiento presupuestario a la UBA, por encima de las universidades del interior, y ahora al resto de las instituciones.

«Positiva» pero con agenda pendiente

Apenas concluida la reunión con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, se conoció un documento del Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el que se evalúa el resultado del encuentro.

«Las propuestas trasladadas el día de hoy (por el lunes) por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril».

En el marco de dicho encuentro, «el Gobierno nacional confirmó un ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento con el consecuente cronograma de pagos hasta fin de año».

Asimismo, «se acordó establecer mesas de trabajo para temas que se encuentran aún pendientes de resolución». En esa línea, enumeran resoluciones de 2023 pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento especifico; obras universitarias suspendidas; cálculo de presupuesto universitario 2025; programas de becas y asistencia estudiantil, y situación del sistema científico tecnológico y coordinación con las universidades nacionales.

A todo esto se suma el monitoreo de la situación salarial docente y no docente (el último jueves hubo un paro nacional del sector) y monitoreo de la ejecución de los fondos.

En el listado figuran además «otros temas de interés del gobierno», como el Art. 33 de la Ley de Educación Superior, las medidas de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades y el programa de alfabetización.

La recomendación a las autoridades del CIN hecha por el resto de los rectores son monitorear y controlar el funcionamiento de las mesas de trabajo, «de manera que permitan avanzar en soluciones que otorguen previsibilidad al sistema universitario para planificar lo que resta del año».

«Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado», reconocen los integrantes del Consejo.

Por último, ratifican su convencimiento acerca del «rol transformador de la universidad pública» y señalan que «los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación».

Planificación y previsión

Este martes, el rector de la Universidad Nacional del Litoral Enrique Mammarella calificó de «buena» la reunión que se realizó con autoridades del Ejecutivo nacional, «desde el punto de vista de que se empezó a dar respuesta a reclamos que hizo la comunidad universitaria desde enero hasta la fecha».

En ese punto, destacó el reconocimiento del ajuste por inflación de los gastos de funcionamiento, «exactamente igual a como se le reconoció a la UBA». Con esto se acordaron mesas de trabajo para resolver temas que todavía quedan pendientes de resolución.

«Después de la reunión se realizó un encuentro del comité ejecutivo ampliado donde se recomendó al presidente del CIN el monitoreo del avance para dar soluciones que otorguen previsibilidad al sistema universitario, no solo para planificar lo que resta del año sino para prever cómo va a ser el 2025, ya que se debe trabajar en la confección del presupuesto del año que viene».

En línea con el documento conocido en las últimas horas, el rector de la UNL ratificó que quedan cuestiones por resolver, incluido un monitoreo de la cuestión salarial docente y no docente. En ese sentido anticipó que este martes habrá una reunión con los gremios.

«Entendemos que el resultado de la reunión fue positivo, es un paso adelante ya que nos permite plantear una agenda de trabajo y empezar a responder problemas que tiene el sistema que estaban siendo acuciantes», concluyó Mammarella.