Piquetes: el gobierno ratificó que se hará «cumplir la ley»
El vocero presidencial insistió con el funcionamiento de la línea telefónica 134 para denunciar a intermediarios de planes sociales que amenacen a beneficiarios. Aseguró que se va a aplicar el protocolo de orden público anunciado por Patricia Bullrich.
«Entendemos que los argentinos venimos de una lógica de 20 años y un poco más de habernos acostumbrado a que las calles no eran nuestras, de los que queríamos circular libremente y queríamos trabajar», dijo este martes Manuel Adorni, vocero presidencial, un día antes de la jornada de protesta que se realizará este miércoles, 20 de diciembre, en Capital Federal.
La movilización, que se anuncia para las 16 y se desarrollará desde el Congreso Nacional a Plaza de Mayo, coincidirá con un nuevo aniversario del pico de la crisis de 2001 cuando 39 personas murieron en todo el país, también en Santa Fe, en medio de protestas sociales.
«La libre circulación debe estar garantizada», sostuvo el funcionario en relación con la aplicación del protocolo de orden público, al que se denomina «antipiquete» y fue anunciado días atrás por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
El protocolo establece que no se podrá interrumpir la circulación durante la protesta, pero también señala que «quien corta, no cobra el plan» por lo que se anticipan estrategias de identificación de manifestantes y de quienes promuevan esas acciones.
En su conferencia de prensa diaria, Adorni confirmó uno de los pocos anuncios que realizó el martes la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello acerca de una línea telefónica, la 134, destinada a «todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario, dirigente o puntero político». «No se les va a cortar el plan (si no asisten a la marcha), quédense en su casa y, si van a marchar, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich», insistió Adorni.
En esa línea, confió en que la de este miércoles sea «una jornada en absoluta paz, entendiendo que la Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley».
El vocero presidencial volvió varias veces a la vigencia de la línea telefónica 134: «No estamos dispuestos a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización haga un negocio propio o le quite parte de su beneficio a quien cobra un plan», dijo, para concluir en que «el negocio de los pobres se terminó en la República Argentina».
En cada territorio
Sobre la postura que anticipó la provincia de Buenos Aires que advirtió sobre la «cuestión persecutoria» que involucra el protocolo de Bullrich y la identificación de manifestantes, Adorni sostuvo que «cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule. Si no es la prioridad del gobierno provincial, dará las explicaciones a cada uno de los bonaerenses».
«La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley», insistió para hacer foco en la «disuasión previa» que se realiza a través, por ejemplo, de esta invitación a permanecer en casa y no manifestar, o acogerse al protocolo, y tener en cuenta que cualquier amenaza por parte de una organización puede ser denunciada.
Adorni tuvo, además, palabras de reconocimiento para el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien eliminó la pauta publicitaria que en 2023 «significó 1700 millones de pesos, unos 3 millones de dólares». Además, en la Cámara baja se van a revisar los viajes al exterior que soliciten los legisladores nacionales. Dos medidas, consideró el vocero, que se encolumnan en la lucha contra «la madre de todas las batallas que es el déficit fiscal».
